El instituto de estadísticas de México reconoció que el año pasado tuvo que pagar a bandas para poder ingresar a ciertas ciudades a realizar el censo. Y algunos analistas dicen, al respecto, que los cárteles de la droga tienen como blanco a los trabajadores de ese organismo, a empresas encuestadoras e investigadores de mercadotecnia en algunas partes de México por numerosas razones.

La directora adjunta de Censos Económicos y Agropecuarios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Susana Pérez, declaró la víspera ante una comisión de la Cámara de Diputados que empleados del organismo se vieron obligados a contratar a delincuentes para realizar algunas entrevistas del censo, y que uno de los funcionarios fue secuestrado mientras intentaba realizar entrevistas.

Pérez afirmó que el problema era peor en las zonas rurales del país, y que el INEGI tuvo que emplear varios métodos para poder operar en esas regiones.