Estos casos reflejan, en gran medida, lo que pasa en todo México: sequía, falta de inversión pública y soluciones privatizadas insuficientes. Por ejemplo, Doctor Arroyo con frecuencia tiene agua, pero no tiene infraestructura para extraerla. Como ha dicho el director de Agua y Drenaje de Nuevo León, Gerardo Garza, en una entrevista con El Horizontal, a veces los pozos están llenos de agua, pero no hay equipos de bombeo para sacarla. El fenómeno se agrava porque las sequías son cada vez más comunes y largas. Con sequías de hasta nueve meses, los habitantes han reportado que están sin agua hasta 80 días seguidos.

Paradójicamente, Doctor Arroyo depende ahora de la filantropía de Coca-Cola. La empresa, que tiene concesiones para explotar 28 millones de metros cúbicos de agua al año, anunció la creación de una “olla captadora de agua pluvial” para apoyar al municipio. La olla es un hoyo grande recubierto con una especie de plástico. Cuando llueve se encharca con 18.000 metros cúbicos de agua (0,0006% el agua que Coca-Cola tiene concesionada). Con o sin la olla, las tuberías de Doctor Arroyo siguen cada vez más vacías.

México no debería tener un problema de acceso al agua. En promedio, cada habitante cuenta con 549 metros cúbicos de agua por habitante al año, una cantidad más que suficiente para cubrir los 50-100 metros cúbicos de agua que la ONU recomienda por persona.

La batalla más grande, al guerrero más débil

Si México enfrenta un problema de falta de acceso al agua es porque las reglas del juego están mal hechas y han favorecido la falta de coordinación y presupuesto y la concentración del agua en manos de un puñado. Todo empieza con la Constitución. En ella se plantea que el Gobierno municipal debe estar a cargo del servicio de agua potable. Es decir, el nivel de gobierno que tiende a ser estructuralmente más pobre, menos profesionalizado y más débil es quien tiene a su cargo uno de los servicios más esenciales para la vida humana. En México, hay miles de gestores de agua que operan sin coordinarse. Según el Censo Económico, existen 2.826 organismos operadores de agua. Algunos Estados, como Oaxaca, tienen más de 200.

Estos guerreros débiles enfrentan la batalla más grande del país, sin conocerse entre sí y de manera fragmentada. El trabajo es tan ingrato y difícil que los directores de los organismos operadores de agua no duran en el cargo. En promedio permanecen tan solo 1,7 años en su sitio, según documentó Hugo Rojas, especialista en agua. “Llegan y se van. No pueden hacer casi nada”, dice.

A nivel federal no existe un regulador, solo un ente responsable de otorgar concesiones y asignaciones de agua: la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Así, nadie puede regular de manera integral y centralizada aspectos críticos para mejorar el acceso al agua, como la obtención de información sobre la prestación del servicio de agua o la imposición de metas para mejorarlo. Tampoco se puede crear un sistema homologado para financiar la distribución y reutilización del agua, o determinar aspectos de planeación urbana como dónde se deben poner empresas o asentamientos urbanos nuevos.

Los municipios tampoco tienen presupuesto ni capacidad operativa. Según la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México (ANEAS), los prestadores de los servicios de agua y saneamiento colectan anualmente 68.000 millones de pesos en concepto de tarifas, apenas lo suficiente para cubrir su gasto corriente. No queda casi nada para invertir. La falta de inversión es parcialmente solventada por el presupuesto federal. Sin embargo, los recursos hídricos federales han venido a la baja en la última década. En 2012, se destinaban 57.000 millones de pesos en acciones de abastecimiento y administración del agua, así como ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado. En 2023, el presupuesto aprobado ha caído 32% en términos reales, siendo de solo 38.500 millones, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El gran abandono presupuestal del agua ocurrió entre 2015 y 2017, cuando se redujo en un 45%. Con el precio del petróleo a la baja, el Gobierno Federal decidió dejar de subsidiar inversión hídrica y tomarse en serio la idea de que el servicio de agua era un mandato del municipio. Fue entonces que, de facto, la batalla más grande fue dejada en manos de los guerreros más débiles. A lo largo del sexenio, el presupuesto hídrico ha aumentado en 9% (ejercido 2018 contra lo aprobado en 2023) en términos reales, lo que hace que sea menor que lo que se ejercía de presupuesto en 2016.

La hidrocracia

Una de las principales batallas de los activistas del agua en México ha sido la creación de una Ley General de Aguas que cree un marco legal adecuado para coordinar y planear su manejo a nivel nacional. Tan solo en las últimas dos legislaturas ha habido al menos seis intentos, pero todos se han venido abajo debido a desacuerdos.

Un gran problema es el fuerte cabildeo empresarial y de la agroindustria. Han logrado convertirse en los dueños de facto del agua en México sin que nadie diga nada. En México, el 75% del agua va a la agricultura, según datos de 2022 de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y la mayoría de esa agua es manejada por medio de concesiones otorgadas a Distritos de Riego que se usan en la agricultura.

Los Distritos de Riego son organismos privados que han dado vida a lo que la organización civil Agua Para Todos adecuadamente llama la hidrocracia. La hidrocracia son “individuos, familias y empresas que controlan las mesas directivas de los titulares de las concesiones” y logran así influir de manera determinante en la distribución del agua, los recursos públicos y hasta las cuotas que pagan los usuarios. Su poder es enorme. El 70% del volumen de aguas concesionadas están en manos de 2% de los titulares.

En ciertas partes del país, los distritos de riego han acaparado tal cantidad de agua que los gobiernos locales tienen que rogarles que les vendan agua para complementar el uso urbano. Tal es el caso de Tijuana y su enfermiza relación con el distrito de riego 014 que cada año le vende agua. “El distrito 14 tiene secuestrada a la ciudad” , reportó crudamente el medio local Radar BC.Las concesiones de agua son tierra de nadie. Es imposible determinar si los concesionarios están extrayendo más agua de la permitida porque no hay suficiente vigilancia. La Conagua solo tiene 141 inspectores para cubrir 427.000 concesiones de agua. Esto se presta a posibles explotaciones no sustentables de los acuíferos. En años recientes, las concesiones de agua incluso se prestan a la especulación. Según el colectivo Agua para Todos, bancos como JP Morgan, HSBC, Banorte, Citibank, entre otros, han adquirido concesiones para uso agrícola en áreas donde se estima que en el futuro será buen negocio vender agua. Por ejemplo, Banco Azteca tiene una concesión en el Valle de México por 2,2 millones de metros cúbicos y BBVA tiene una en Nayarit por 2,1 millones.

“El agua toca las fibras más sensibles de todas las mafias del poder”, comenta Eduardo Bohórquez, quien fuera parte del equipo interdisciplinario que analizó la última iniciativa para crear una Ley General de Aguas. Los cotos de poder están por doquier. Algunos, incluso, protegidos por otras leyes que tendrían que ser reformadas en paralelo a la nueva legislación en materia de agua.

La maraña de excusas para hacer lo correcto es larga y políticamente pesada. Hay concesiones que funcionan y no quieren cambiar su gobernanza; hay gobernadores que apoyan a ciertos concesionarios y no quieren moverlos; hay empresas internacionales que podrían abrir disputas de inversión ante el tratado de libre comercio,TMEC, si se cambiaran los términos de sus concesiones; hay quien desea una regulación donde el agua sea regulada a nivel local y hay quien quiere algo más concentrado. Toda la fauna del poder mexicano tiene un pedacito del pastel del agua en sus garras y no hay quien se anime a quitárselo. Las víctimas somos todo el resto.

Ordenar la casa

Regular ya no es opcional. En enero de 2022, la Suprema Corte de Justicia determinó que el Congreso de la Unión tiene que emitir una Ley General de Aguas antes de agosto de 2024. Se va a tener que poner orden en la casa. La discusión del contenido de esta ley será determinante para el futuro del acceso al agua en México.

Habrá que estar atentos. Urge cambiar la lógica del uso del agua. Debemos dejar atrás las concesiones altamente concentradas y privatizadoras para pasar a un uso coordinado, regulado y unificado del agua para el bien común. Esto no significa eliminar todas las concesiones, pero sí regularlas, ordenarlas, limitarlas y, sobre todo, crear incentivos para el uso adecuado del agua. La gestión del agua debe desfragmentarse, los cotos de poder deben erradicarse.

Revertir el problema del agua requiere hablar de redistribución. En zonas urbanas como la Ciudad de México, la prioridad de acceso al agua se ha dado a las zonas de clase media y alta y se ha olvidado al resto. No ha habido voluntad política para erradicar esta discriminación espacial mediante el movimiento masivo del poniente al oriente. A nivel nacional, en zonas con poca agua se producen productos agrícolas que usan mucha agua, como alfalfa en La Laguna. Y se abren industrias en zonas sin agua. Esto debe cambiar. El Estado debe regular lo que se produce y dónde se produce, o crear un incentivo mediante precios.

El futuro del agua es muy probablemente el reciclaje. Se requiere invertir en procesos de tratamiento y potabilización que permitan el rehúso del agua y su modulación cíclica. El descuido en el que se encuentra la infraestructura hídrica hace que en promedio el 47% del agua se pierda en fugas. Esto es enorme.

Todo lo anterior requiere inversión de gran calado. La CEPAL estima que México necesita una inversión anual de 1,3 puntos del PIB para resolver los problemas hídricos que no se han atendido en años. Esta inversión debe ser continua al menos durante todo 2023 y es muchísimo. Esta cantidad es equiparable al 87% del gasto total en seguridad, justicia y el INE. En términos de recaudación, equivale el 28% del IVA recaudado, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

A la par de la nueva ley se deberán discutir las tarifas de agua para todo tipo de consumo, pero sobre todo para el agrícola. Pareciera mentira, pero actualmente la ley estipula que la agroindustria no tiene que pagar por toda el agua que consume. Esto es una aberración. La ley debe ser reformada de inmediato. De la misma manera en la que los individuos pagan por el agua, la agroindustria debe hacerlo.

El cobro al uso del agua por individuos también debe mejorarse. Actualmente, las tarifas de agua están fuertemente subsidiadas, pero para los ricos. En México, el quintil más pobre paga proporcionalmente más por el agua que el quintil más rico. Esto debe cambiar si se quieren tener recursos para poder mejorar la calidad de la infraestructura y promover el rehúso del agua.

El tema del agua tiene que atenderse de inmediato en México. Poner orden en la casa ya no puede esperar.