La oposición llama a la población a no participar de esta cita que consideran «un acto propagandístico» y que el oficialismo defiende como «ejemplar ejercicio democrático»

México no celebra unos comicios, pero el ambiente que se respira en sus calles tiene los ingredientes propios de una gran cita electoral: voluntarios llamando a las urnas, propaganda en los buzones, grandes carteles en las carreteras, creciente crispación entre rivales políticos, eventos multitudinarios en las plazas públicas… incluso, una ‘Ley Seca’. Andrés Manuel López Obrador (AMLO) va a cumplir hoy una de sus principales promesas electorales: una consulta popular en la que «el pueblo» decida si abandona su cargo o continúa hasta el 2024.

«¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?», esta es la pregunta que deberán responder quienes participen en el ‘referéndum revocatorio’. El resultado de la votación ya estaba claro antes de que abrieran las urnas: la oposición ha renunciado a participar del proceso y ha llamado a los suyos a quedarse en casa, así que el oficialismo competirá contra sí mismo en una cita cuyo único interés estará en comprobar la capacidad de movilización del proyecto transformador de AMLO.

La consulta sólo será vinculante si participa al menos el 40% del padrón electoral, unas 37 millones de personas. En el 2018, más de 30 millones de mexicanos auparon a López Obrador a la Presidencia, pero su popularidad ha ido mermando con el paso del tiempo. Del 87% de aprobación que llegó a tener en su pico más alto, en febrero del 2019, ha pasado al 57% que reflejan las últimas encuestas. Las estimaciones más optimistas del ‘revocatorio’ dicen que la participación no superará el 20%, lo que supondría una importante derrota moral para el oficialismo.

La Constitución mexicana sólo contempla la destitución de un presidente bajo dos escenarios, muy ambiguos: «traición a la patria» o «delitos graves del orden común». La figura del ‘juicio político’ se puede aplicar a otros altos funcionarios, pero no al jefe del Estado. López Obrador fue siempre muy crítico con esta situación: «no comparto la idea de que, si un gobernante tiene una aprobación del 20%, solo porque lo eligieron por seis años tiene que seguir en el cargo (…) un presidente sin respaldo popular no sirve para nada, nosotros estamos llevando a cabo una transformación, y el motor de ese cambio es el pueblo».

La consulta para destituir a un presidente es un ejercicio inédito en México, pero en Latinoamérica existen dos precedentes preocupantes: Evo Morales y Hugo Chávez, ambos organizaron un ‘revocatorio’ y, posteriormente, convocaron una asamblea constituyente para legalizar su reelección. En México la reelección está prohibida desde 1916, poco después de que abandonara el poder Porfirio Díaz, tras 35 años en el cargo. La tradición se ha respetado sin excepción hasta la fecha, pero el mantra de López Obrador de que «el pueblo pone y el pueblo quita» ha generado mucha desconfianza en la oposición.

Los rumores que apuntaban a que el ‘revocatorio’ era solo un ejercicio que buscaba legitimar la ‘reelección’ de AMLO fueron tan grandes, que el presidente se vio obligado, el 25 de julio del 2019, a firmar una carta ante los medios renunciando a esa posibilidad, «abandonaré la Presidencia en el día preciso que marca la máxima ley», rezaba el texto. Según explicó López Obrador, renovarse en el poder «no sólo significaría ir en contra de la Constitución, sino también traicionar mis principios y renegar de mi honestidad».

AMLO Y SU GUERRA CON EL INE

La organización de la consulta popular ha permitido al presidente mexicano alimentar su particular enfrentamiento con el Instituto Nacional Electoral (INE), al que acusa de preparar la cita «a regañadientes». Inicialmente, este órgano autónomo reclamó al Gobierno 190 millones de dólares para costear la elección, pero la Cámara de Diputados, de mayoría oficialista, le concedió menos de la mitad. AMLO sugirió entonces a sus consejeros que «se bajen el sueldo». Finalmente la consulta se lleva a cabo con 57.500 casillas electorales, una tercera parte de las que se habilitaron en las elecciones de mitad de mandato. El presidente mexicano denuncia que el INE «atenta contra la democracia» y ha prometido una reforma electoral que amenaza con terminar con la autonomía del organismo frente al gobierno de turno.

En medio de este pulso mediático, el INE ha abierto una decena de investigaciones contra líderes oficialistas acusados de proselitismo, a lo que AMLO ha respondido anunciando que la próxima semana, su partido, Morena, presentará ante las Cámaras una enmienda para que los responsables del INE sean designados por elección popular, «para que no haya consejeros que no tienen convicción democrática». Los colegios electorales abrirán hoy sus puertas a las 8 de la mañana hora local (15.00 hrs en España), mientras que los resultados preliminares no empezarán a trascender hasta las 10 de la noche (5 de la madrugada). La duda que todavía queda por resolver es si la sociedad mexicana prestará más atención a las celebraciones del ‘Domingo de Ramos’ o a un ejercicio de participación ciudadana que, si no fallan las encuestas, va a tener nulas consecuencias, más allá de su valor simbólico.